Tras la edición, en julio pasado, de su último trabajo de investigación- “Las ayudas de Estado en el ámbito tributario: experiencia española y contexto actual”- la Fundación Impuestos y Competitividad ha organizado la que supone la tercera sesión de presentación del proyecto.
En colaboración en esta ocasión con el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid se ha desarrollado una sesión esencialmente telemática, con asistencia presencial tan solo de los organizadores y de los miembros de la mesa, concretada en la consideración de los aspectos procedimentales del régimen de ayudas de Estado.
En la sede del ICAM C/ Serrano nº 9 se ha desarrollado el acto bajo la presidencia de D Gabriel Casada Ollero, presidente de la sección de Derecho Tributario. Tras la apertura formal del acto, ha tenido lugar la intervención de dos ponentes:
- 16:20h – 1ª Ponencia – Investigación y recuperación de ayudas fiscales (Borja Martínez Corral – KPMG)
- 16:50h – 2ª Ponencia – El control de ayudas de Estado por los jueces nacionales (Máximo Linares Gil – EY)
Posteriormente, durante algo más de una hora, se ha desarrollado un interesante debate bajo la moderación de Isaac Merino Jara (Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad del País Vasco), con intervención junto a los dos ponentes, de María Muñoz de Juan (Gabinete del Director General de la DG de Competencia de la Comisión Europea)
Los ponentes han planteado sus dudas sobre las insuficiencias del vigente régimen de procedimientos, referidas en particular a ciertas carencias en la protección de los derechos de las empresas afectadas por la tramitación de los expedientes de ayudas de Estado, en particular en el caso de los “beneficiarios” de las ayudas, cuya condición se concreta en ocasiones cuando ya no hay margen para la personación en los procedimientos en curso. O en la imprescriptibilidad de las acciones de recuperación de las ayudas, una vez exista una decisión de declaración de su existencia. Denunciando asimismo una excesiva duración de los litigios, lo que por sí solo lleva a cuestionar la efectividad e idoneidad de las soluciones tradicionales de recuperación de las ayudas; que en ocasiones comportan una carga mayor de intereses acumulados que el principal de la ayuda reclamada.
Críticas frente a las que la representante de la Comisión ha defendido el régimen actual, y en particular la necesidad de mantener la máxima ejecutividad en las actuaciones de la Comisión Europea, en coherencia con la prevalencia de la norma comunitaria y las exigencias del mercado único. Abogando por la necesidad de que desde los sectores empresariales se ejerza una labor preventiva, de análisis riguroso de las normas fiscales nacionales y de evaluación del riesgo de su conceptuación como ayudas.