El pasado 21 de septiembre, el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, ha acogido la segunda sesión de presentación del libro “La litigiosidad tributaria: medios alternativos de solución y medidas de agilización”, reflejo de la investigación promovida al efecto por la Fundación Impuestos y Competitividad.
La presentación formal del acto, por parte del CEPC corrió a cargo de Emilio José Pajares Montolio, subdirector de Publicaciones y Documentación y, en representación de la FIC, intervino D. Julio Cesar García Muñoz, miembro del Patronato de la Fundación. Ambos hicieron algunas consideraciones generales sobre la actividad del Centro y de la Fundación, respectivamente, y en particular sobre la reiterada colaboración entre ambas instituciones, concretada en la acogida por parte del CEPC de varios actos organizados por la FIC en los últimos años; enfatizando Julio Cesar García el agradecimiento del Patronato por esa reiterada hospitalidad.
En relación con el proyecto presentado, se abordaron dos de las propuestas de medios alternativos de solución de conflictos que el trabajo incorpora.
En primer lugar, en relación a ”las actas con acuerdo … la implementación en vía Económico- Administrativa de una <<segunda oportunidad>>” , intervinieron Adal Salamanca Cabrera (PwC Tax & Legal) y María Antonia Azpeitia Gamazo (Baker Mckenzie); aportando, respectivamente, una visión intencionadamente simplista de la propuesta, presentada como un intento por obtener un mayor rendimiento a una solución – la del “acuerdo”… entre Administración y contribuyente- ya existente y con un positivo recorrido a lo largo de sus años de vigencia, y de otra, una evaluación más técnica de los términos de formulación de la propuesta, con una clara explicitación de una postura abierta a que la eventual concreción de la misma, por vía normativa, se formulase en los términos más asumibles para la Administración, y muy en particular para los Tribunales Económico Administrativos. Planteamiento coherente con la visión declaradamente pragmática del proyecto, en todas sus propuestas, elaborado tras la previa confrontación de ideas con responsables de ese ámbito administrativo, durante los Seminarios convocados para el desarrollo del proyecto.
El pormenor de la segunda propuesta analizada, “Fomentar la efectividad de la resolución extrajudicial tributaria”, fue expuesto por Ángel García Ruiz (Garrigues) y Julio Cesar García Muñoz (KPMG). Partieron en su exposición de la detenida atención al principio de indisponibilidad del crédito tributario, artículo 7.2 de la LGT como consecuencia obligada de la previsión del artículo 7 de la Ley General Presupuestaria.
Sobre la base de este último, y de la vía excepcional abierta en su apartado 3, para soluciones de transacción o arbitraje, mediante Real Decreto y previa consulta al Consejo de Estado, analizaron los pocos casos de soluciones tramitadas por esa vía, para enfatizar la visión del mencionado Consejo de Estado, favorable a las soluciones transaccionales de “disponibilidad del crédito tributario…”. Completando esa visión con otras consideraciones, de entre las que se prestó especial atención a las propuestas del Consejo General del Poder Judicial, de modo particular, en su “Plan de choque para la Administración de Justicia”, tras el COVID 19.
Tras la intervención de los ponentes, y bajo la moderación de Mayte Salvador Crespo, Subdirectora de Estudios e Investigación del CEPC, se abrió el coloquio, en el que junto a los ponentes participaban dos relevantes representantes de la Administración Tributaria, que llevaron el peso del mismo.
José Antonio Marco Sanjuan, presidente del TEAC, hizo una consideración previa, enfatizando el objetivo de mejora de la seguridad jurídica que lidera la labor de los tribunales; posteriormente y al hilo de las cuestiones planteadas por la moderadora, reconoció que la escasez de medios y la negativa comparación de la retribución de los funcionarios de la vía E-A con los de la AEAT era un problema para conseguir la dotación idónea de los tribunales y su mayor efectividad.
Por lo demás, entró a analizar varios de los detalles de las soluciones propuestas en el trabajo analizado, significando – por ejemplo- que de incorporarse esa nueva opción de “acuerdo” en la vía E-A, a su juicio sería muy difícil que la efectiva activación de la misma dependiese de la iniciativa del tribunal, prefiriendo la iniciativa del recurrente y la posterior derivación a los órganos de la AEAT; o insistiendo en la necesidad de una validación final del posible acuerdo por el tribunal, enjuiciando la inexistencia de daño para terceros o para el interés general; o rechazando la obligada supresión de sanciones como consecuencia de acuerdos sobrevenidos sobre la cuota liquidada, en esa hipotética opción en la vía E-A.
Diego Loma Osorio, director del Servicio Jurídico de la AEAT, enfatizó que generalmente las quejas sobre la litigiosidad tributaria y las resoluciones recaídas, no se fundan tanto en la incorrección o mala motivación de las resoluciones o fallos, como en el retraso existente en la tramitación; por lo que a su juicio, una más adecuada dotación de medios sería la solución idónea. Resaltando como, – a modo de ejemplo a considerar- tras una reciente auditoria desde instancias europeas y su negativa valoración del tiempo de resolución de los recursos de reposición, se habían adoptado medidas que estaban propiciando el cumplimiento de los plazos legales en esa tramitación.
Por lo demás, a su juicio, el constreñimiento de la Administración Tributaria al principio de legalidad, supone un obstáculo esencial para las posibles soluciones transaccionales, y el ejercicio de la eventual mediación por profesionales externos, ajenos a la Administración Tributaria, resulta cuestionable.
Junto a alguna replica de los ponentes, se produjeron algunas intervenciones del público, en particular de Cesar García Novoa, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Santiago de Compostela, autor de uno de los capítulos del libro, que insistió en su argumentación contra el carácter absoluto u ontológico de la indisponibilidad del crédito. Concediendo Diego Loma que, desde luego, no se trata de un principio absoluto, inmodificable.
Asimismo, intervino Alejandro Miguélez Freire, abogado, en su condición de miembro de AEDAF, señalando la incoherencia las dudas sobre viabilidad de nuevas medidas transaccionales con, por ejemplo, la evidencia de los “acuerdos” tramitados por la Fiscalía en vía penal, en casos de Delitos contra la Hacienda Pública.
Para cerrar el acto intervino Ginés Navarro Fernández, director de la FIC, que junto a los agradecimientos al CEPC y a los miembros de la mesa, extendió el mismo a las instituciones, públicas y privadas- mencionadas en la “justificación” del trabajo, que habían participado en el desarrollo del proyecto con su participación en los seminarios convocados. Recalcó por lo demás, la muy reiteradas peticiones desde muy diversas instancias de soluciones alternativas que ayuden a reducir el alto nivel de litigiosidad tributaria y de dilación en su resolución, y por ello la evidente necesidad de que, finalmente, el legislador se haga eco de ellas.
A continuación dejamos el vídeo de la presentación.