La Fundación Impuestos y Competitividad publica su nuevo libro: “Informe sobre las novedades introducidas en la nueva regulación del delito fiscal: Algunas propuestas de mejora”.
Progreso económico y certidumbre jurídica son dos conceptos que están indisolublemente unidos. Las normas jurídicas han de ser claras y precisas, singularmente cuando se trata de definir ámbitos de actuación coactiva por parte de los poderes públicos. Sólo de esta forma el ordenamiento jurídico se convierte en el campo abonado donde podrá germinar la generación de riqueza colectiva.
En los últimos meses hemos asistido a una cascada de novedades legislativas que inciden directamente en el mundo económico. Una gran parte de ellas están vinculadas al derecho tributario y van dirigidas a la consecución de un doble objetivo:
- Incrementar la presión fiscal, a los efectos de intentar reducir el déficit público.
- Incrementar las potestades o prerrogativas que ostenta la Administración Tributaria en el control de los contribuyentes y en la lucha contra el fraude fiscal.
Incardinado dentro del segundo de los objetivos se halla la reforma del delito fiscal (Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, BOE 312 de 28 de diciembre de 2012).
Dicha reforma exige un análisis riguroso de las novedades introducidas en la nueva regulación del delito fiscal así como propuestas de mejora con el fin de garantizar la salvaguarda de los pilares anteriormente referidos, progreso económico y certidumbre jurídica.
Con ese objetivo, la Fundación Impuestos y Competitividad ha publicado, de la mano de la editorial e-Praxis, el libro bajo el título “Informe sobre las novedades introducidas en la nueva regulación del delito fiscal: Algunas propuestas de mejora”. Son autores del mismo Miró Ayats Vergés y Jordi de Juan Casadevall socios de Cuatrecasas GonÇalves Pereira, que han contado con la intervención de otros profesionales de los despachos integrados en la Patronato de la Fundación.
La publicación pretende identificar los principales problemas que presentan las novedades introducidas en la nueva regulación del delito fiscal y ofrece una serie de recomendaciones y propuestas de mejora con el objeto de proteger la seguridad jurídica como motor de desarrollo económico; para ello evalúa la nueva regulación del delito fiscal tomando como referencia su evolución normativa en España así como la regulación de esta figura en el derecho comparado. El trabajo también aborda de forma específica la problemática jurídica que plantea la nueva posibilidad de cobro en vía administrativa en el transcurso de un proceso por delito fiscal.